domingo, 23 de diciembre de 2012

Instrucciones genéticas

Un poema de mi libro El inicio del mundo (Ed. Renacimiento, 2011)


INSTRUCCIONES GENÉTICAS

Para abrazar mejor es necesario acercarse al otro
desde una tesitura semejante,
entender la necesidad ocasional de quien te recibe
para no parecerle inoportuno,
deshaciendo así la armonía que ha de gobernar ese movimiento.
El abrazo debe ser espontáneo pero no sorpresivo
para dar tiempo a que los dos
desarrollen mejor sus avenencias.

Llegados al contacto, habrá de medirse la presión
con la que nos presentamos.
Ni tan robusta que ahogue
ni tan esponjosa que transmita inconsistencia.
Pero mayor cuidado habrá de tenerse en huir del término medio,
porque quizás se interprete como que nos mueve el cálculo,
principal motivo por el que tan hermoso gesto se desinfla
de sus distintas posibilidades redentoras.

Todo buen abrazo debe dejar una salida abierta,
para no confundirse con una presa.
Han de poder moverse ambos en su interior con comodidad,
aún dentro de su conocida angostura,
sin que la misma suponga, para ninguno,
menoscabo de su bien ganada condición
de organismos independientes.

Su duración debe ser tal que a ninguno
le apetezca cronometrarlo.
Ni tan prolongado que nos saque de su hechizo
ni tan parco que dudemos de la experiencia.

Sólo los mejores abrazos consiguen mantener su paso de baile
cuando los dos se apartan.



sábado, 15 de diciembre de 2012

Presentación de "Badián no es un anís"

El escritor gaditano José Rasero Balón, aunque nacido circunstancialmente en Alhucemas, presentó ayer su novela Badián no es un anís (Ed. Alternativa Luz de Luna, 2012) en el bar más antiguo de Cádiz, La Parra del Veedor. Es su segunda novela, después de la impactante y fresca Laila (Altazor, 1997) y de su poemario Brochazos (2001). Producción, pues, muy meditada siempre, con mucho trabajo detrás. Este mismo Badián no es un anís es fruto de tres años de escritura, retomando un primer texto de finales de los noventa. Escritor también sedimentado tras muchas experiencias, muchas riadas que han traído estos aluviones. Fotógrafo, músico de saxo en grupos de la particular movida gaditana de principios de los ochenta, profesor de Instituto de Lengua y Literatura ya retirado, corresponsal de la realidad en diversos blogs y revistas digitales, José Rasero nos contaba ayer mismo que encuentra verdadera comunicación en estas redes. Ayer se le pudo ver en persona rodeado de quienes lo seguimos con el interés que merece.


Badián es el nombre de la planta del anís estrellado, pero Badián es también el nombre del protagonista principal de esta novela en tres capítulos. Tiempo habrá de reseñarla cuando la lea, pero ahora, en estos apuntes de urgencia del acto de presentación, sí conviene avanzar lo que su autor reveló sobre su construcción, o sobre su banda sonora, entre el flamenco y la siempre armoniosa grandeza de Bach.

Parte de una anécdota cierta, el entierro en Pobra do Caramiñal de Juan Villasante Paz, supuestamente llevando en uno de los bolsillos de su traje un décimo de lotería premiado con cinco millones de las antiguas pesetas. Las pesquisas probaron, después,  que el décimo fue sustraído antes del entierro, y no se llegó a exhumar el cadáver. Rasero viajó al lugar, en un trayecto de tren releyendo a Valle Inclán, y pudo conocer que en ese pueblo hay un monumento al mismo escritor, asiduo de la población, y que se celebra allí, cada tercer domingo de septiembre, La Procesión de las Mortajas, un sorprendente cortejo de personas arrebatadas a la muerte que hacen procesión detrás de su propio ataúd  Son personas que se habían salvado de una grave enfermedad o de un accidente, y agradecían así esa prórroga de vida obtenida. Es el origen lejano del primero de los capítulos de la novela. El segundo, utiliza las propias vivencias de José Rasero como profesor de Instituto. Y, en el tercero, ambas historias se entrecruzan, terminando por descifrarse.

Novela prometedora, que Chencho Zocar, su presentador, no dudó en calificar de fantástica.

viernes, 23 de noviembre de 2012

LA PRENSA IMPRESCINDIBLE



En muchos zócalos de México y de toda Latinoamérica aún existe el oficio del escribidor, que se encarga de poner en papel las peticiones oficiales, pleitos, añoranzas o deseos amorosos de quienes no saben escribirlo pero sienten la necesidad de esa comunicación en su piel o en su economía. Dicen que ese oficio desaparecerá cuando la población esté alfabetizada. No lo creo, porque su especialización es semejante a la de médicos o abogados, que hacen de guías por terrenos que la mayoría desconocemos. De hecho, el oficio de escribidor hace iguales ante los vericuetos escritos a quienes saben y a quienes no saben de eso. Lo mismo que hay quienes también nos igualan a quienes somos analfabetos en fontanería, electricidad o manejo de ordenadores. En nuestro contexto esos y esas escribidores trabajan en periódicos. Sólo que, al multiplicar su capacidad de difusión, no sólo guían e igualan al cliente puntual que les necesita, sino que trabajan por la igualdad de la sociedad entera.

 
Cuando un periódico, como aquí el Diario de Cádiz, se plantea despedir a un tercio de quienes lo escriben, está cometiendo un inconcebible ejercicio de negación del sentido de su propia existencia. Transmite a la sociedad que esos y esas periodistas no son imprescindibles para seguir contándonos lo que pasa. Y, en esa lógica, si se niega lo imprescindible de ese oficio, ¿cómo justificar que seguirá siendo imprescindible el medio donde se transmite? Si la empresa no defiende su propia utilidad, la sociedad puede creer que puede vivir sin prensa. Que es tanto como quedarse sin mirar hacia fuera de uno mismo.

 
Por desgracia, hace tiempo que las empresas de comunicación se quedaron sólo en empresas. Ya ni siquiera con ese espíritu de pervivencia de los negocios familiares, grandes y pequeños, que trabajaban no tanto para ganar lo máximo hoy sino para que siguieran viviendo de ello sus descendientes. Para aumentar la ganancia inmediata, el periódico se somete a sus anunciantes, empresas y políticos que pueden romper la hucha pública para permitirse arrinconar o eliminar directamente las noticias incómodas. Para que crezca esa misma ganancia, se manda al paro a profesionales formados y se obliga a quienes se queden a redoblar su esfuerzo, porque da igual la calidad de lo que se ofrezca. Por ese beneficio, se prescinde de buscar fuera lo que ocurre, y por supuesto de reflexionar sobre ello, porque ya les vienen dadas las notas de prensa desde los distintos poderes. Pero, con una prensa convertida en empresa de anuncios, sin calidad, manipulada y sin esa función de entender la realidad, que es su sentido, ¿qué clientes espera conservar en el futuro esa empresa tan saneada como prescindible?

 
Manuel J. Ruiz Torres

martes, 23 de octubre de 2012

LA ENGAÑIFA D´HONDT


 
Ya se ha visto el sentido estafador de la voluntad popular con la que la Ley D´Hondt  hace las cuentas electorales. En Galicia, el Partido Popular sólo ha ganado unas elecciones periféricas con esas cuentas trucadas. Es una completa desvergüenza convertir la pérdida de 135.000 de sus votantes en un apoyo mayoritario en el resto del Estado a la política de recortes e incumplimientos. Y, sin embargo, la casi completa totalidad de comentaristas al servicio del Ministerio del Reich para la Ilustración y Propaganda (Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda), ocultan ese rechazo de uno de cada cinco de sus antiguos votantes, y enseñan los dientes de su reparto del botín de votos para justificar que las próximas cuchilladas las estamos pidiendo, la mayoría, a gritos de satisfacción masoquista. Discurso que se completa con el del derrumbe cierto del Partido Socialista, que alguna vez tendrá que jubilar del todo políticas y personas (en Madrid, como en Cádiz) que les han llevado a perder la credibilidad. Cuando tu electorado no te vota, estando en la oposición, es porque no te cree. Y, teniendo el modelo griego de unidad de su izquierda, que aparezca una Sýriza española que proponga soluciones menos comprensivas con el capitalismo, sería ahora una posibilidad más real de ese sorpasso que Anguita preconizó en los noventa.

 
He jugado un poco con un simulador de la Ley D´Hondt. Con algunos resultados curiosos. Sin los votos de los partidos que no han obtenido representación, el reparto daría al PP dos diputados menos y al Partido Socialista uno menos; mientras que Alternativa Galega de Esquerda (AGE) tendría dos más y uno más el Bloque Nacionalista Galego (BNG). Está claro, que esos votos minoritarios, muchas veces testimonio de la indignación contra los partidos mayoritarios, terminan beneficiándolos. Como votar en blanco, que al elevar el número de votos necesarios para alcanzar el listón electoral del 3 %, deja también fuera a más minoritarios.

 
También he probado a ver qué resultado se hubiese obtenido si esos dos grupos, AGE y BNG, a la izquierda del Partido Socialista, se hubiesen presentado juntos. Es lo que empezó a negociarse, abierto a otras formaciones, como embrión de lo que será en el resto del Estado, ya lo verán, una nueva alternativa radical de izquierdas. Obteniendo, sólo ellos dos, un total de 345.490 votos. El Parlamento gallego hubiese quedado (falseado también por la abstención que nunca contabiliza y la propia D´Hondt) con 38 escaños del Partido Popular, 20 escaños la coalición AGE-BNG y 17 escaños el Partido Socialista.

 
Esta especie de política ficción creo que indica lo que unos deberían corregir y otros unificar. Unos no lo harán. Y otros no lo harán del todo. Porque lo verdaderamente importante es recuperar el respeto de quienes se sienten fuera de esa política de falsa representación. Con más democracia directa, nada menos. Pero eso no les conviene a las cuentas de quienes diseñaron este sistema. Que ya sólo entiende de balances y de cuentas pendientes.

 
Manuel J. Ruiz Torres

jueves, 18 de octubre de 2012

MENTIRAS Y PRESUPUESTOS


El Partido Popular perdió las elecciones de 2004 porque mintió sobre la autoría del atentado de Atocha. El Partido Popular ganó las elecciones de 2011 porque mintió un programa de salida de  la crisis sin subida de impuestos ni recortes en educación, sanidad o desempleo. También ganó porque, previamente, el Partido Socialista decidió mentirse a sí mismo –y en la acción, a todo el que los creyó-  al escoger aplicar la cirugía liberal de la estabilidad, que en realidad es una poda sangrienta de miembros sanos,  a una crisis que había provocado la especulación capitalista, con los bancos como juez y parte del expolio. Que es tanto como querer curarnos con los mismos virus que provocaron la enfermedad, pero no debilitados como en una vacuna, sino envalentonados, engallados, chulescos,  en su reconocimiento de solución única. Como mentiras, ni siquiera son muy elaboradas. Son mentiras sin guión, sin in crescendo dramático, sin grandes actrices y actores dándose réplica. La política se ha instalado en la medianía previsible de una serie televisiva que hablara de conflictos amables entre vecinos de bloque. “No se puede hacer otra cosa”, diría el presidente de Comunidad. “Cierto, qué fastidio”, murmullarían quienes fueron a la reunión, en vez de estar en una playa permanente.  Porque, naturalmente, quien miente necesita de la credulidad de los demás, que  es una actitud que requiere cierta indolencia personal, con sus dosis de resignación y escapismo.

La semana que viene se van a discutir en el Congreso los nuevos Presupuestos Generales. Son mentira. Lo que de allí salga estará condicionado por los mercados, ese ectoplasma sobrenatural que nos ha poseído.  Como en las series, nos sabemos el final, porque ya viene repitiéndose.  Los actuales Presupuestos Generales para 2012 se aprobaron el 28 de junio y se publicaron en el BOE dos días más tarde. Allí se recogen las previsiones de ingresos por impuestos, con sus deducciones y beneficios fiscales, así como todos los gastos públicos a realizar; entre ellos, los cuantiosos capítulos de personal, inversiones o transferencias a otras administraciones. Sólo trece días después, el Consejo de Ministros aprobó, en decreto-ley, la subida general del IVA, quitó la paga extra y redujo los días de vacaciones del convenio de empleados públicos, redujo el subsidio de desempleo y anunció la supresión de bonificaciones a la contratación, eliminó la ayuda estatal a las hipotecas para compra de vivienda y la deducción en IRPF para las que se adquieran a partir de enero, reformó la administración local y “reordenó” la ley de Dependencia. Es decir, revocó sus propios Presupuestos Generales. En trece días.

Estos que vienen son también mentira. Pero, además, injustos. Podrían mentirnos el paraíso, escribirnos una novela bonita que acabara bien, hacer un brindis al sol anunciando que sus políticas carniceras han aplacado a las fieras y han servido para algo. Pero necesitan alimentar el derrotismo para que todo lo perdido se acepte como irremediable. Por eso prefieren esta mentira presupuestaria que escenifica un aumento del castigo, igual que el entrenador domestica a sus animales con sufrimiento.  Cuando, la semana que viene se rodee el Congreso para protestar contra los falsos Presupuestos, se estará haciendo, sobre todo, contra quienes convierten en pantomima formal su obligación de rendir cuentas al pueblo del uso de su dinero.

Manuel J. Ruiz Torres

martes, 2 de octubre de 2012

CATALUÑA


Creo que falta verdadero afecto en muchas reacciones españolistas al anuncio de una posible separación de Cataluña. De hecho, creo que, en este momento, se entendería mejor el estado de nuestras relaciones si utilizáramos más el símil de una pareja en conflicto y no el de socios mal avenidos de una misma empresa. Lo que viene a decirnos Cataluña es que se está pensando el divorcio. Y a nadie que quiera conservar a su pareja se le ocurre, ante ese anuncio, amenazarla con hacerle la vida imposible, quitarle la casa y la hacienda o llevarla a la indigencia, si nos deja. No son maneras de recuperar afectos puestos en duda. Las parejas, sean del género o ciudadanía que sean, reaccionan mal ante los ultimátum. Esa españolidad que ahora pide tanques o el boicot de productos catalanes, responde como amantes despechados que confunden el amor con un campo de minas. Y que, en su testosterona ciega, no les reconocen a los demás el derecho de emparejarse o, si así lo quieren, de vivir sin nadie, libremente.

 
Porque lo que realmente pide ahora Cataluña no es el divorcio, sino su propio derecho a ese divorcio. Ahora prácticamente nadie defiende un matrimonio obligatorio de por vida aunque, en su caso particular, no esté pensando en divorciarse. Lo que hoy se asume como una aberración es obligar a alguien a convivir con alguien con quien se lleva mal, o le produce un desánimo permanente. Pero eso que hoy es lo normal, estaba prohibido hace sólo 31 años. La Ley de Divorcio, de 1981, sólo tuvo 102 votos a favor, 22 en contra y 117 abstenciones. Se opuso radicalmente la entonces Alianza Popular, donde ya militaban Aznar y Rajoy, y el sector democristiano de UCD. Esa votación no se correspondía con la opinión de la sociedad, mucho más práctica. Cuando el Centro de Investigaciones Sociológicas preguntó, por primera vez, en 1980, sobre la justificación del divorcio, sólo un 13 %  no lo consideraba justificado en ningún caso.  En 1994 un porcentaje parecido, un 14 %, creía que debía permanecerse en el matrimonio aunque éste funcionara mal. En el último estudio que conozco, 2003, eran un 9% quienes no aceptaban (qué verbo) el divorcio. Sin embargo, esa amplia mayoría que, razonablemente, creen que el divorcio es la solución para un mal matrimonio, un 80 % en el 2003, no se corresponde ahora con quienes creen que se debe extender este mismo derecho de autonomía vital a los pueblos. Quizás por la misma virulencia emocional -como el último bastión del honor patriarcal- con la que algunos quieren contaminar el debate.

La autodeterminación es el derecho a divorciarse, a no compartir un proyecto común si una de las partes así lo quiere. Negar ese derecho, incluso cínicamente en nombre de la democracia, es defender la unión por la fuerza antes que por decisión propia. El matrimonio forzado por rapto antes que por amor. Es decir, negarles a los pueblos lo que nos parece evidente en las personas. Lo ejerza Cataluña, Gibraltar o Ceuta, por citar ejemplos históricos muy distintos, y que la hinchada recibe según sus expectativas de ganar el partido. Después de reconocido ese derecho, se podrá dar o no la situación de que alguien pida ese divorcio. Y sólo entonces sería el momento de debatir y de negociar la relación futura por el bien de los hijos comunes.

Y, para que nadie se confunda, no me gustaría separarme de Cataluña, a la que tanto amo. Cívica, culta, vitalista, eficiente, productiva, plural, divertida, abierta. En muchos aspectos, lo que me gustaría que llegara a ser el resto de lo que hoy conformamos España, un territorio cambiante y no inamovible, no se olvide, a lo largo de la Historia. Sólo que, aquí, en lugar de ese respeto que mejore la relación, o la salve, ya hay quien pide, como medidas cautelares, la cadena perpetua.
 
Manuel J. Ruiz Torres

jueves, 27 de septiembre de 2012

SIN LEY

Para el ministro de Gobernación (antes Interior), Jorge Fernández Díaz,"la policía cumplió la ley" en su actuación. Para la Gobernadora de Madrid (antes Delegada del Gobierno) la actuación policial fue "proporcional" y "muy profesional".

Dice el art. 5 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LOFCS) que los principios básicos de actuación de las mismas son:

1. b) Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna por razón de raza, religión u opinión.

 

2. a) Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral.

 
2. b) Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los ciudadanos

 

3. a) Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán identificarse debidamente como tales en el momento de efectuar una detención.

 

3. b) Velarán por la vida e integridad física de las personas a quienes detuvieren o que se encuentren bajo su custodia y respetarán el honor y la dignidad de las personas.


 
Dice el art. 20 de  la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (LOPSC):

1. Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán requerir, en el ejercicio de sus funciones de indagación o prevención, la identificación de las personas y realizar las comprobaciones pertinentes en la vía pública o en el lugar donde se hubiere hecho el requerimiento, siempre que el conocimiento de la identidad de las personas requeridas fuere necesario para el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad que a los agentes encomiendan la presente Ley y la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
 

 

Dice el Real Decreto 1484/1987, de 4 de diciembre, sobre normas generales relativas a escalas, categorías, personal facultativo y técnico, uniformes, distintivos y armamento del Cuerpo Nacional de Policía:

Art. 18.- Todos los uniformes llevarán obligatoriamente la placa-emblema del Cuerpo, con indicación del número de identificación personal, en el pecho, por encima del bolsillo superior derecho de la prenda de uniformidad.

Art. 19.Dos.- El personal que vista uniforme reglamentario llevará el carné profesional, y en el uniforme, la placa-emblema con el número identificativo personal.

Art. 21. Dos. Los funcionarios que realizan servicio de uniforme acreditarán su condición de Agentes de la Autoridad con el mismo. No obstante, llevarán obligatoriamente el carné profesional, que será exhibido cuando sean requeridos para identificarse por los ciudadanos, con motivo de sus actuaciones policiales.
 

(Incidente con la identificación desde el minuto 1.55. En el 3.07 el policía le contesta que, en vez de su identificación, le va "a dar otra cosa")

martes, 25 de septiembre de 2012

DOS GOLPES


Quienes hoy mismo califican como golpe de Estado una manifestación pacífica para reivindicar la devolución de la soberanía popular robada por ellos mismos, han dado, en menos de un año, dos golpes de Estado contra esa democracia que ya pronuncian con deje aristocrático. El primero, en sólo un mes, del 26 de agosto de 2011, en que los grupos parlamentarios Popular y Socialista propusieron conjuntamente reformar con urgencia el artículo 135 de la Constitución, hasta el 27 de septiembre, en que se publicó en BOE esa reforma. Esa verdadera enmienda a la totalidad de la Constitución, sin que la trascendencia de su cambio pasara por la obligación de un referendum, dice que ninguna de las Administraciones Públicas “podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros”. Es decir, desde entonces, están supeditando todos los gastos, derechos adquiridos y la misma soberanía popular, a algo que decidirá en algún lugar de Europa alguien que nadie ha elegido. El segundo golpe de Estado, se da casi cada viernes, desde la investidura del gobierno popular. Si la “soberanía nacional reside en el pueblo español” y “Las Cortes Generales representan al pueblo español”, sólo serán legítimas en cuanto ejerzan sin malversación esa representación. En una democracia representativa, que es el modelo de participación limitada en el que supuestamente nos encontramos, esos diputados y senadores se eligen para que nos representen, de acuerdo con las soluciones e ideas (ideología) ofertadas en campaña electoral. Se eligen para que hagan lo que la mayoría social decida, aunque esa mayoría se equivoque, o se mueva por simple empatía. Si hacen reiteradamente todo lo contrario a aquello para lo que fueron elegidos (no subir los impuestos, no abaratar el despido, mantener el salario en la Función Pública, no dar una amnistía fiscal, no recortar en sanidad ni educación, no implantar el copago, no recibir “órdenes” desde Europa, etc.) no están representando la voluntad de quienes los eligieron. No sólo pierden la legitimidad, que no es un cheque en blanco por cuatro años, sino que gobiernan contra esa soberanía de quienes los eligieron. El diccionario define golpe de Estado como una “violación deliberada de las normas constitucionales de un país y sustitución de su gobierno”.

 
Para quienes les asuste nombrar así a este golpismo desde dentro, llamarles la atención de que, hoy mismo, se han practicado actuaciones propias de una dictadura contra una manifestación, no se olvide, autorizada por el propio gobierno: detención de autobuses que se dirigían a la misma, cacheos con perros de sus ocupantes, identificaciones arbitrarias, francotiradores en azoteas, ostentación del incumplimiento legal de identificación visible de los policías hecha por el secretario general de su sindicato autocalificado de progresista, cargas coactivas, otra vez heridos sangrando como imagen del derecho de reunión en este país y, por supuesto, ausencia de responsables. Y, como en los regímenes dictatoriales, se acude al desprestigio personal de los disidentes (nazis nos ha llamado Cospedal), o los gobernantes llegan a identificarse con la totalidad del Estado, como ha hecho Gallardón, el ministro de Injusticias, para quien discutirle su legitimidad es cuestionar también “la del pueblo español para proceder a unas elecciones democráticas”. Aquí sólo se aceptan sugerencias de la Troika. Sólo que a este gobierno colaboracionista de Vichy se le empieza a atragantar la Resistencia.

Manuel J. Ruiz Torres

viernes, 27 de julio de 2012

LOS BASUREROS TIENEN RAZÓN EN SU HUELGA


Tan sencillo como que cualquiera tiene derecho –por supuesto, también derecho legal- a cobrar lo acordado. La seguridad legal es una de las reglas de esta democracia en proceso de descomposición, con la coartada de la crisis económica. Y lo firmado, en el Convenio de 1 de abril de 2009, eran las condiciones de salario y trabajo de quienes, a cambio de esas condiciones pactadas, iban a realizar la limpieza de las calles y la recogida y transporte de las basuras de Cádiz. Si una de las partes, la que debería pagar lo pactado, es la primera en no cumplir su compromiso, nadie puede acusar a la otra de no hacer su parte. Sin embargo, el Ayuntamiento sólo culpa a quienes no recogen la basura, no  a quienes no están cumpliendo con las condiciones de la concesión, que es la unión de empresas SUFI COINTER. En este asunto, la alcaldesa miente cuando declara que esa concesionaria no plantea pérdida de salarios. Según el citado Convenio, con vigencia hasta el 31 de marzo de 2013, se pactó graduar las subidas salariales cada año, correspondiendo para el próximo cuarto año de vigencia, una subida del IPC real a finales del 2011, más un 2 %. Es decir, un 4.4 %, cuando la empresa pretende reducir esa subida a un 0.5 %. Es evidente que no se cumple lo acordado. Como que esa cifra redonda busca confundir en beneficio propio. En efecto, los sindicatos UGT y CCOO acordaron con los empresarios que ese 0.5 % sería la subida salarial para los acuerdos que se pactaran este año. Pero una cosa es pedir que se cumplan los acuerdos y otra que los nuevos tengan nuevas condiciones, aún pareciéndonos que esa subida ridícula sigue cargando otra vez toda la carga de la crisis en quienes no la provocaron. La petición de quienes trabajan en la limpieza de basuras no son, pues, como acusa la alcaldesa, ni una incongruencia, ni una muestra de insolidaridad ante quienes sufren la crisis. Sino una reivindicación que nos defiende a quienes vivimos de nuestro trabajo.

Entender que, por encima de la enorme incomodidad de los malos olores de la basura, está nuestra propia seguridad como trabajadores. Lo que nos pide la alcaldesa, y la concesionaria, unión de dos internacionales, es que todos y todas debemos cobrar menos, trabajar más y no saber -ni quejarnos por ello- en qué condiciones lo haremos en adelante, para adaptarnos a una crisis que se decide no se sabe dónde, pero sí con qué intereses.

Por supuesto que la huelga es molesta. Una huelga no es una mera sugerencia a la empresa, por si quiere tenerse un detalle bonito, sino una lucha entre económicamente desiguales. El capital siempre tiene la ventaja de que quien vive de su salario padece la presión de sus ataduras económicas. La huelga cuesta mucho dinero a quien la hace, les supone privaciones de las que tarda meses en recuperarse, no son esos días en el Edén de la pereza con el que los retratan quienes no necesitan hacer huelgas para llevárselo en negro. El capital ejerce esa presión con violencia, porque sabe que sólo le dañan significativamente las huelgas de muchos días o las que se concentran en ocasiones de su especial interés. Sólo entonces se equilibra esa lucha de clases. Sería realmente estúpido hacer una protesta cuando no la vea nadie o cuando no repercuta con importancia. Pero tampoco ha de caerse en la manipulación que presenta a quienes hacen este trabajo como contrarios al interés de Cádiz. Porque poco ganará esta ciudad si llegamos a un tiempo en que quienes trabajen no sabrán lo que, despóticamente, querrán pagarles sus empleadores. Como también perderá el comercio cuando sólo le ofrezcan estos pocos días de fogonazos artificiales, y un resto del año sin clientes y sometidos a lo que quieran pagarles. De seguir así, vamos a un estado de agradecido sometimiento. Esta huelga se anunció hace dos meses. En ese tiempo nadie, ni la empresa ni la alcaldesa, se han dignado ni a escuchar lo que se pedía. Sólo ahora, cuando los montones de basura les estropean la foto, les echan encima a comerciantes y ciudadanía. Porque, y es lo triste, a este desmantelamiento de derechos se ha sumado también parte de la población, más preocupada por lo que se huele que por lo que se pudre.

Manuel J. Ruiz Torres

domingo, 22 de julio de 2012

DIVIDIR LA RESPUESTA TRABAJADORA


Una estrategia elemental ante cualquier conflicto es dividir al enemigo. El reciente Decreto-Ley de expolio de derechos, cínicamente titulado como de “medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad”, saquea, en apartados específicamente distintos a quienes trabajan en empleos públicos y a quienes no tienen trabajo. A la totalidad le aplica un aumento generalizado de impuestos directos al consumo, pagando lo mismo quien mucho tiene que quien tiene poco, siendo este gravamen la única política igualitaria que se permiten. Los hachazos son tan grandes y afectan tanto a la vida privada de cada cual que han conseguido, en muchos casos, lo que perseguían: que la respuesta fuera dividida y sectorial. Echo de menos en muchas de las justificadísimas protestas de quienes trabajan en el sector público un recuerdo solidario al robo económico que también sufren paradas y parados en el mismo Decreto-Ley, un diez por ciento menos a partir del séptimo mes de prestación que, según cálculos del diario económico Cinco Días, suponen una pérdida media anual de 1800 euros frente a los también brutales 1500 euros anuales que pierden quienes trabajan en lo público. Como echo en falta esa misma empatía de quienes trabajan en empresas privadas con funcionarios y funcionarias que, desde 1992, han perdido un 34.42 % de poder adquisitivo. Un tercio de sus sueldos. O también que alguien se acuerde del pequeño comercio, condenado a muerte lenta con la liberalización de festivos -que les deja sin descanso- y de rebajas, ahora a la entera voluntad de asfixia económica de las grandes cadenas, que tendrán la insensible complicidad de muchos compradores, trabajadores y trabajadoras, a su vez, en lo público y en lo privado. Pero esa insolidaridad es lo que busca algunas medidas de ese ómnibus legislativo, enfrentar entre sí a quienes viven, o quisieran vivir, de su trabajo, exhibiendo supuestos agravios comparativos. Sin escatimar tampoco expresiones hirientes, como decir que ese hurto permite “impulsar la activación de los desempleados incentivando el pronto retorno a la ocupación”. Con lo que muestran a quienes están en paro como, poco menos, que parásitos de quienes trabajan, viviendo del subsidio. Ya lo ha dicho el presidente de la Diputación de Cádiz, el popular Loaiza: los parados no empiezan a buscar trabajo hasta que se les acaba la prestación. En el otro lado de la norma, presentan a quienes trabajan en el sector público como privilegiados que tienen un trabajo vitalicio frente a la inestabilidad del sector privado.

La reducción de días de asuntos propios y de los logrados -muy importante, en negociación colectiva- por antigüedad, no suponen el más mínimo ahorro, a pesar de que así se justifica la medida. Quitarlos no ahorra nada, simplemente porque nunca se contrata a nadie para que los sustituya en esos días, asumiendo ese trabajo el resto del personal que ya esté trabajando. Días que están sometidos a las necesidades del servicio, condicionado su uso a no perturbar el servicio público. Si se reducen ahora es sólo para presentar a quienes trabajan en lo público como privilegiados que disfrutan de más días de vacaciones que el resto. Se busca aumentar una antipatía de raigambre histórica. El funcionariado, al que pertenezco, aún despierta en la mayoría un extendido imaginario de pereza, indolencia, incapacidad y privilegios. Esta imagen, labrada desde ese Larra que denunciaba los frecuentes vuelva usted mañana, fue cierta cuando quienes trabajaban en lo público no accedían por méritos propios al puesto sino por afinidad política o recomendación directa. La condición de inamovibles en su empleo se impuso, desde su origen histórico, como una fórmula para evitar los funcionarios de partido, que cesaban y se nombraban según quien ganase las elecciones, sometidos siempre a las presiones e intereses de esos mismos partidos. Esa fijeza es también una garantía para el resto de la ciudadanía de que van a ser tratados en igualdad, cualquiera que sea su ideología o condición económica. Pero es verdad que sigue habiendo aún malos –muchos o pocos- funcionarios concretos, y las malas experiencias que hayamos tenido con ellos acrecientan ese sambenito. Las oposiciones cribaron generaciones nuevas de funcionarias y funcionarios que no son ni peores ni mejores personas que la sociedad de donde procedemos. Lo que de bueno o malo hay en la sociedad se mantiene en este colectivo, no muy distinto a los demás en actitudes y capacidades de trabajo. Cualquiera conoce, en su entorno, ejemplos de lo mismo que se le critica al funcionariado en su conjunto. No hay dos categorías de trabajo, según quien emplee. Como no se puede hablar de unas mismas condiciones de trabajo o sueldo, ni dentro de la función pública ni en ninguno de los sectores del empleo privado.

Pero el gobierno vende esa percepción de privilegios y de derechos distintos. Esas contrapartidas, económicas y en especie, son fruto de negociaciones colectivas. Hay que entenderlas en su conjunto. Esos días no laborables se dieron en compensación a no poder – o no querer- adecuar los salarios públicos al IPC, como en otros convenios se compensan festivos trabajados, se complementan sueldos con ayudas sociales o se cobran incentivos por beneficios. De hecho, lo que suponen estas medidas es la derogación de la negociación colectiva. Aunque sea inconstitucional: una norma con rango de ley cambiando una ley orgánica, como el Estatuto de los Trabajadores; que viola el principio de igualdad; que ha omitido la obligada participación social en cambios de legislación laboral; que es una norma fiscal disfrazada de estatutaria; que no justifica su urgencia ni el principio de “confianza legítima”, básica para la seguridad jurídica de derechos adquiridos. Aunque no parece muy sólido acogerse, a estas alturas, a la protección de una Constitución convertida en papel mojado, desde que la soberanía ya no reside en el pueblo sino en lo que ordenan desde la metrópoli alemana. Para quienes aún piensen que este es un problema exclusivo del funcionariado deberían leerse esa parte del Decreto Ley que posibilita la modificación o suspensión de todos –absolutamente todos- los convenios colectivos y acuerdos, cuando ocurra en el país “una alteración sustancial de las condiciones económicas”. Es decir, permite cambiar las condiciones pactadas de sueldo y trabajo. Y, por si hay dudas, es este mismo gobierno el que decide cuándo estará la cosa tan mal que habrá que suprimir todos los derechos de quienes aún trabajen. Clarito, vaya.

Manuel J. Ruiz Torres


jueves, 19 de julio de 2012

LO QUE OCURRE: POLÍTICOS Y POLÍTICA



No sé en qué momento de la extinguida democracia española, quienes debían representar al pueblo confundieron esa delegación de servicios con un reconocimiento de vasallaje. No tenían que ser lo mejor de la sociedad porque su función era, precisamente, darle voz a esa diversidad. Sin embargo, se creyeron superiores al resto y administraron como nuevos ricos, convencidos de que la riqueza que no se esperaban no se agotaría nunca. Hay quienes ya eran ricos por su cuna, quienes llegaron a serlo en este tránsito y quienes tienen una vanidad tan elemental que ya se sienten por encima de los demás porque la empresa pública les paga el teléfono o porque el cuartel les suministra el detergente del lavavajillas. Un estudio de Presidencia calcula en más de cuatrocientas cuarenta mil las personas que cobran de la política. Incluyo asesores y cargos de gestión nombrados por afinidad ideológica y personal. Naturalmente, este proceso de endiosamiento de quienes debían representarnos se ha consolidado porque han tenido buen cuidado de no mejorar la cultura política del país, ya suficientemente arrasada por la dictadura, que ya adulaba ese culto al famosillo, aunque sea ese personaje que sale en la prensa dando instrucciones al personal de Vías y Obras. No hubo tampoco ruptura ahí. Y la ostentación, que era una demostración natural de autoridad y preeminencia en el franquismo, pasó a serlo también de quienes se dedicaron luego a la política. De otra manera no se entiende que quienes deberían servir a los demás no se conformen con vivir con una elemental dignidad sino que viajen, coman o duerman instalados en el lujo. La abundancia como signo de merecido estatus personal. No sólo no se plantean que esa malversación sea un delito sino que, ni siquiera, les parece moralmente reprobable. Desde quien carga a lo público una cena privada con la pareja a quien cuelga en su casa el cuadro que el artista agradecido cedió a la institución que preside. Con el tiempo, y la adulación de quienes para medrar dependen de quien está más arriba en esta pirámide alimenticia, llegan a creerse realmente superiores. Lo creen de verdad. Pero la soberbia no es una enfermedad sino otro nombre del desprecio. Y ahí, instalados en un autismo de casta, pueden descargar su despotismo iluminado sobre quienes gobiernan. Es un proceso que ha ido creciendo, autoalimentándose por la endogamia de quienes, en cada partido, defienden su coto de privilegios, ya convertida la política en una clase aparte. Y desde esa atalaya de engreimiento, no sólo se rechaza debatir alternativas, sino que se niega la posibilidad de que existan. Fuera de mí, el país (o el municipio) se va a pique.


Lo que ahora ocurre es que esa autoinvestida autoridad se ha llevado al límite de prescindir de las formas. El Partido Popular ganó las elecciones sin decir con claridad qué haría, pero sí se comprometió expresamente con lo que no haría. Se le votó por eso. Si el sistema es de democracia representativa, el pueblo delega en un partido para que gobierne según lo que ha elegido. Si se hace lo contrario a lo comprometido, ya ese partido no representa a sus votantes. Y si destruye, con los hechos, el sistema que lo ha llevado al poder, se convierte en los verdaderos antisistema. En sólo ocho meses, el Partido Popular ha traicionado su legitimidad y ha vaciado este débil sistema de democracia por delegación que, se supone, defiende. Es normal que la gente se sienta muy estafada. Quienes les votaron, porque no les hacen caso, y quienes no, porque ganaron con trampas. Pero hay algo que les une aún más. En su elección para actuar contra la crisis, la que llaman solución única, descargan todos los sacrificios en quienes viven, y consumen, de su salario. Dejando indemnes a quienes provocaron esta ruina, especulando con la vivienda o la ingeniería financiera, ahora más ricos aún para el pillaje de lo que queda; amnistiando a quien le robó a los impuestos de la totalidad su parte correspondiente; perdonando de ese esfuerzo a la Iglesia o a quienes aún viven muy bien de la política.


Pero este descrédito generalizado de quienes se han dedicado a la política en beneficio propio, incluso con ribetes sicóticos, no debería extenderse a la política como formación y confrontación ideológica. Incluyendo la lucha sindical. Los abusos personales –sean muchos o pocos- de cargos liberados no pueden ser pretexto para desmantelar las únicas organizaciones capaces de hacerle frente a quienes están implantando una dictadura económica. No caer en esa trampa. Los abusos hay que penarlos, uno a uno. Hay quienes juegan con ventaja a este descrédito: se aprovechan de la política para su medro personal con una ideología de la verdad única, sin alternativas, sabiendo que el desprestigio de todos facilita la instalación de ese pensamiento prefascista de que las ideologías ya no son necesarias. Que hay que superar esa separación de derechas e izquierdas. Porque son, incluso, un estorbo para la obtención de resultados. Y, como tal inconveniente, hay que eliminarlo. Ya en el principio de la transición, uno de los fundadores de la primitiva Alianza Popular, luego refundada como Partido Popular, vaticinaba el fin de las ideologías. También el socialismo desideologizado del felipismo alabó esa eficacia, rendido a la fábula china del gato que cazaba ratones sin importar cómo. Ahora vuelve esa retahíla. No sólo desde sus sucesores naturales sino también desde viscosos aglomerados como UPD o algunas voces del 15M, “ni derecha ni izquierda”, tan escrupulosas de no mezclarse con los sindicatos. Naturalmente, en esa vía “práctica” sólo existen soluciones conservadoras. De una manera u otra nos llevan a la solución única. No deja de ser significativo que el partido que ganó las elecciones con la prioridad de afrontar la economía, por encima de ideologías, recupere el viejo arsenal ideológico del franquismo: la vigilancia preventiva de quienes ya hayan cumplido su condena, como una resurrección de la ley de vagos y maleantes; ensalzar la maternidad como la principal libertad de las mujeres, condenando de paso su entrada en el mercado laboral como causa del aumento del paro; o desmantelando todo el sistema educativo igualitario, con segregaciones muy tempranas hacia la formación para el trabajo, o la recuperación del obstáculo de las reválidas para encarecer el acceso a un título. Asistimos a un completo cambio de régimen, donde ya no habrá seguridad jurídica de que lo que hoy es un derecho –político, social o económico- seguirá en vigor próximamente.


El que la gente esté muy harta no es el principal problema. Aunque algunos ahora señalan el peligro de un estallido social que cebe su violencia en quienes ejercen la política. Esa violencia existe ya. Se hace habitual que cualquier protesta acabe con gente sangrando con la cabeza abierta o con moratones en su cuerpo. Las fuerzas antidisturbios parecen disponer de esa impunidad que amedrente a quienes se atrevan a la protesta. El poder necesita de esta violencia para convertir en resignación o miedo las movilizaciones de muchos y muchas recién llegadas a esta expresión de enorme cabreo. Ahora también recién convertido en delito. Como necesita el descrédito de la política para que sólo ellos vuelvan al ordeno y mando único.

Manuel J. Ruiz Torres

miércoles, 23 de mayo de 2012

EL PAGO DEL IBI POR LA IGLESIA CATÓLICA

En su reciente conferencia en Cádiz, el cardenal Rouco Varela, respondió a la creciente petición del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles por la Iglesia Católica con una perogrullada, que ha merecido no obstante el titular de un diario local: ese pago impediría otros gastos. Naturalmente. Es lo que le ocurre a cualquier persona, empresa o asociación que paga impuestos: que no puede gastarse ese dinero en otras cosas, seguramente más apetecibles para su interés particular, una vez obviado el uso social que deberían tener todos los impuestos. Para defender su respuesta se apoyó en dos inexactitudes (para calificarlas de mentiras tendría que hacer un ejercicio de presunción de la intención de engañarnos del cardenal, lo que sería contrario a sus propios Mandamientos y a la moral que publicita). La primera es que la Iglesia Católica está exenta del IBI como lo están otras asociaciones sin ánimo de lucro (cierto), y también Partidos y Sindicatos. En realidad, éstos últimos están exonerados de pagar el impuesto de Sociedades (como la misma Iglesia) pero pagan, permítanme decir que religiosamente, el IBI por todos y cada uno de sus edificios obligados a ello. La otra inexactitud es que, si se les exigiera hacer ese pago, se reducirían los fondos para la función social que realiza Cáritas.

No voy a cuestionar que Cáritas realiza, ciertamente, una muy importante labor de socorro a muchas personas desfavorecidas. No desinteresada –como suele decirse-, sino con un interés, por supuesto legítimo, en propagar los propios valores ideológicos del catolicismo. Lo dice la misma organización en su última Memoria 2010, al presentar sus fines: “su acción debe siempre salvaguardar y promover los valores que la doctrina social de la Iglesia presenta como fundamentales”. Personalmente creo que esa labor de socorro, a estas alturas de la Historia, debería ser realizada por la justicia del Estado y no con un sentido de caridad sino de solidaridad social. Se ha intentado con las políticas de ayuda a la dependencia que, al casi eliminarse por este gobierno popular, dejan esa ayuda otra vez en manos de la buena voluntad de los entornos cercanos a las víctimas de la especulación económica. Pero, decía que es una inexactitud enorme afirmar que el dinero que se tuviera que gastar la Iglesia en pagar el IBI implicaría menos dinero para Cáritas. Sencillamente porque la Iglesia Católica, como institución, apenas aporta dinero a Cáritas. Según algunos datos, menos del 2 % de sus ingresos.

Según la citada Memoria 2010, Cáritas se financia en un porcentaje del 64,89 %, con fondos privados, en su gran mayoría de donantes particulares, socios y colectas en parroquias y colegios; además de aportaciones de empresas privadas, legados y beneficios financieros. El restante 35,1 % proviene de fondos públicos, como receptora de subvenciones y por la ejecución de proyectos nacionales e internacionales; por orden decreciente de aportaciones, desde Comunidades Autónomas, Administración Central, Ayuntamientos y Unión Europea. Un presupuesto total de 247,53 millones, en los que no se detalla ninguna aportación de fondos propios de las diócesis a las que están adscritas.

Como suele ocurrir se confunde, ante la opinión pública, la financiación de las distintas actividades de la Iglesia. Aunque la campaña de promoción de la X en la casilla de “Sostenimiento de la Iglesia Católica” se centra en su función de asistencia social (con el ejemplo señero de Cáritas) o educativa y sanitaria, esa casilla concreta financia exclusivamente los sueldos de sacerdotes y el sostenimiento de cultos. Del ejercicio de 2010, se le entregaron 249 millones de esa casilla de IRPF, apenas el 2.5 % del total que recibió la Iglesia ese año, 10.000 millones, en el que están recompensadas sus otras actividades.

En esa financiación resulta llamativa la aportación que el Estado hace a Cáritas procedente de la cuota destinada por las personas que, desde 1987, y siendo siempre la mayoría de contribuyentes, marcan la casilla «Otros fines de interés social» en su declaración de la renta (IRPF). En el pasado 2011, de los 207,5 millones que se repartieron de lo recaudado por esa casilla, Cáritas obtuvo algo más de 20 millones, el diez por ciento del total. Hasta 40 organismos de la Iglesia Católica, que actúan como ONG sociales, reciben fondos también desde esta casilla. Que sean la imagen principal de sus anuncios debería tacharse de publicidad engañosa, pues si lo que se quiere es fomentar esta labor social católica lo adecuado sería pedir que se señale antes esta casilla, o en todo caso, ambas. Porque, tal como se presenta, quien marque sólo la de la Iglesia estaría, ahora sí, retrayendo fondos a Cáritas para su ayuda social. Esta contradicción plantea la chapuza, con apariencia de falso progreso laicista, que supuso la inclusión de ambas casillas. Una y otra no suponen una aportación voluntaria al sostenimiento de las propias creencias, religiosas o éticas, sino extraer del debate democrático de los Presupuestos esos fondos, cuyo uso (¿por qué no social o de cooperación al desarrollo?) no los decide el Estado sino entidades privadas.
Como se ve, que se reduzcan las entidades que están exentas de pagar el IBI (la Iglesia Católica y también la mayoría de las demás) no implica, por sí mismo, una reducción de la actividad social de la Iglesia, aunque se reciba con amenazas. Se trata de repartir la solidaridad de los gastos del bienestar ciudadano según la riqueza de personas e instituciones. Asumiendo el Estado la parte que, en esa ayuda social, le corresponde gestionar. Tampoco se busquen cruzadas de persecución antirreligiosa. En el origen de este debate está la Unión Europea, con una tradición de siglos de separación de Estado y creencias personales. Desde 1989 la Comisión Europea viene denunciando los “privilegios” de la financiación católica en España. El inicio de un procedimiento de denuncia ante el Tribunal de Justicia de la U.E. provocó, en el 2006, un acuerdo por el que la Iglesia asumía el pago del IVA en sus operaciones comerciales. Iniciándose un proceso de normalización igualitaria en el pago de impuestos. Por cierto, la conferencia de Rouco Varela en Cádiz versó sobre la separación de Iglesia y Estado.

domingo, 20 de mayo de 2012

XVII Festival STOP RACISMO


Se realizó ayer sábado, en el antiguo Aulario La Bomba, de Cádiz, el XVII Festival “Stop Racismo”, organizado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha). Por desgracia este acto festivo no celebraba el aniversario del final del racismo sino que sirvió para recordar su preocupante crecimiento. Al socaire de la crisis, quienes por soberbia le niegan la humanidad a todo ser ajeno, propagan el veneno de presentar al extranjero como competidor en esta guerra por las migajas de la miseria que llaman economía. El hecho accidental de nacer en un lugar y no en otro se convierte en derecho preferente a la hora de acceder a derechos, como humanidad no como paisanos, tan indiscutibles como la sanidad o la educación. Obviando, siempre, que esos derechos para todos vienen estando sostenidos, en un porcentaje muy importante, por la cotización rigurosa de esas trabajadoras y trabajadores de otros países que se quieren expulsar.

Ni siquiera nos queda el consuelo, en España, de contar con la resistencia cómplice de una derecha que combatió el fascismo en la II Guerra Mundial. Una resistencia que, ya hemos visto en Francia, empieza a diluirse ante la posibilidad de perder el poder nominal de los Estados. Aquí ya nos gobierna una coalición de las derechas que no se avergüenza de incorporar en su seno a personajes y recetas de un hormonado simplismo belicista que cree que el mundo todavía funciona a garrotazos.

Ni siquiera les humaniza la piedad cristiana que algunos profesan, cada vez más en silencio y más con los ojos vueltos a ganarse el otro mundo. Pero, mientras, en éste, el gobierno popular, mediante un Decreto Ley que titulan de "sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud", retirará desde el 31 de agosto la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares. Una medida inhumana que, según la propia ministra Mato, la que no sabía cómo se pagó el jaguar que tenía su marido en su garaje, supondrá ahorrar 500 millones de euros. Es decir, 100 millones menos que los 600 millones gastados por los municipios españoles en organizar corridas de toros el pasado año. Valga como ejemplo del disfraz económico con el que suelen esconder, ya por costumbre, decisiciones claramente ideológicas. No se me ocurre mejor descripción de racismo que dejar sin asistencia médica a una persona, sólo por no haber nacido en el primer mundo. Y, por si no quedaba claro que alguien puede dirigir un Ministerio en el que no cree, o al que cree sobredimensionado siendo tan imprescindible, la ministra propone que sean las ONG quienes asuman esa asistencia. Toda una vuelta a la beneficencia decimonónica. y que dicho tan clartamente como lo ha hecho la organización de consumidores FACUA "condena a muerte a inmigrantes".

Pero más preocupante es la inacción con la que la mayoría recibe estas injusticias. Porque, para que ahora se pueda legislar contra la vida y la salud de otras personas, sin que se levante la parte de humanidad que nació española, muchos medios de comunicación conservadores hasta la intransigencia llevan muchos años sembrando la descalificación personal de quienes emigran. Un estudio del CIS de 2010 daba la cifra escalofriante de que el 48,9 % de la población española cree que "los inmigrantes bajan el nivel educativo, sobrecargan al profesor y copan las plazas de la enseñanza pública". O que el 44.6% cree que "los españoles deberían tener preferencia a la hora de elegir colegio para sus hijos". Ya eso anuncia que las próximas exclusiones, por supuesto por los sacrosantos motivos económicos, serán en el derecho a la educación. La esperanza está en ese 37 % que estamos rotundamente en contra de esa discriminación.

Festivales como el celebrado ayer quizás no aumenten directamente ese convencimiento, porque la asistencia es en sí misma una militancia, pero sí permiten visualizar fuera, en su tratamiento como noticia, el crecimiento de esta intolerancia. Serán el razonamiento, la argumentación con datos que desmonten prejuicios y simplezas los que deban contrarrestar la cómplice indiferencia de bastantes. Como será la ética de la humanidad común la que convenza que nuestros enemigos no son quienes vienen a mejorar sus condiciones de vida sino quienes, sin más patria que el dinero, nos echan a pelear entre nosotros para abaratarles los costes de nuestro trabajo.

Este mismo discurso, más hermosamente dicho con la música, es el que nos permitió disfrutar también de esa importante faceta de la felicidad que es la solidaridad, como ya dijo Ana María Moix hablando de la poesía de Gil de Biedma.

Empezó la noche con la maravillosa sorpresa del grupo italo madrileño La Malarazza, nacido al calor solidario del Centro social autogestionado del Patio Maravillas, en pleno barrio madrileño de Malasaña.
Del grupo completo, siete integrantes, sólo vinieron a Cádiz dos miembros: el romano Bruno, voz, guitarra y acordeón; y el madrileño Iago, ukelele, guitarra y voz, además de compositor de algunos de los temas. A pesar de tan escueta representación consiguieron demostrar que, como ellos mismos dicen, son un grupo de directo. Bailables, divertidos, cercanos, contagiosos.

Consiguieron momentos grandiosos, como cuando cantaron el himno De La Latina a Lavapiés, la versión del clásico de Ettore Petronili, Tanto pe Canta, entre tarantelas y músicas del folklore italiano, o una divertidísima recreación del A galopar, de Alberti, con la misma música de Paco Ibañez pero una letra reconvertida en A pedalear. Terminaron a lo grande con una versión muy bailable del Bella Ciao, el conocido canto partisano de los italianos antifascistas.

Siguió el dúo de los barbateños Nono García y Tito Alcedo.

Un emotivo encuentro de dos grandes virtuosos del jazz que llegan a encontrarse desde inicios distintos. Tito Alcedo comenzó en el pop rock y Nono García con los cantautores granadinos del Manifiesto Canción del Sur. La música flamenca, ya sea en la pureza de José María Banderas, que acompañó a Tito en recitales algún tiempo, o en la fusión del rock andaluz de La Banda del Tío Paco, con la que tocó Nono.

En su concierto tuvieron momentos de gran complicidad, como cuando improvisaron sobre los conocidos acordes del toro enamorado de la Luna.

Terminó el Festival con la generosa entrega de Ea!, el refrescante grupo de Pilar Navarro y Nacho Vallejo.

De nuevo vivimos la espectacular comunicación que consiguen en directo. Con letras que no huyen de la poesía ni de la reflexión sobre lo inmediato, siempre con un guiño de humor y afabilidad. Pocos grupos he sentido tan cercanos y enérgicos. En el Festival se vaciaron. lo tocaron todo. Y los bises finales terminaron siendo otro concierto, aún más desinhibido. Contaban, ya por entonces, con la colaboración de Nono García que se creció en la comodidad en la que se encontraba. También Tito Alcedo subió a escenario para poner su arte al servicio del entusiasmo común.

Allí arriba, mientras la sala entera bullía, tocaron grandes canciones como La Vida, Que llueva o Furia.

viernes, 30 de marzo de 2012

La interesada calumnia de la connivencia comprada de los sindicatos

Un amigo me plantea, en un comentario, la supuesta mudez de los sindicatos durante los ocho años del gobierno socialista presidido por Zapatero, que llegó a casi cinco millones de parados. Creo que es interesante rebatirle su percepción de los hechos porque, de hecho, ese es otro de los frentes de desprestigio de los sindicatos que practica la derecha mediática. Parte de una simplificación interesada de la vida sindical en las empresas, tomando una parte por el todo, sin distinciones. Las hay. Por una parte, los sindicatos de clase y, por otra, los que se definen expresamente como corporativos. Estos segundos, como el sindicato de funcionarios CSIF, que hacen bandera de su supuesta neutralidad política, naturalmente sólo van a oponerse a las medidas que afecten directamente a sus representados. Parece normal, y nadie les recrimina que defiendan lo que ya les identifica en sus estatutos. Sin embargo, a los sindicatos de clase parece que sí se les puede acusar de defender “sólo” a la clase trabajadora, de acuerdo con los criterios políticos que, en cada caso, estimen beneficiosos para sus representados. Con un completo desparpajo seguimos padeciendo que comentaristas de derechas critiquen a sindicatos de izquierda porque no defienden políticas ni estrategias de derechas. Sería divertida esa defensa de la esquizofrenia política si no viniera tan lastrada por la falta de humor, de tolerancia y de autocrítica de quienes la defienden. Llevan ocho años repitiendo que los sindicatos (refiriéndose a los de clase, pues los otros no se han ahorrado la estopa), durante esos ocho años, no hubieran criticado como ellos creen que se merecía el gobierno de Zapatero (legítimo, no se olvide, aunque todavía siguen buscando mochilas de los trenes volados). Y, como no hay autocrítica en los creadores de opinión reaccionaria, nadie se plantea que, a lo mejor, no encontraron motivos para criticarlo hasta el momento terrible en que el mismo Zapatero se plegó a las imposiciones del mercado único europeo, que es una franquicia aventajada de otros organismos del capitalismo internacional. Y que no encontró mejor solución, o mayor coraje para oponerse, que aplicar las mismas fórmulas de apuntalamiento y saneamiento, con dinero público y con los exclusivos esfuerzos del mundo del trabajo, de ese sistema que tambaleó la ambición y la codicia de los poderosos de siempre. Esos culpables que ahora viven la crisis como un grandísimo negocio.

Ya se sabe que cuando no hay argumentación se acude a la calumnia, porque aquí se acusa de un delito que nadie denuncia en los juzgados. Y la derecha, incluso la de renombre, que escribe como si estuviera alfabetizada, grita muy bien. Dicen que los sindicatos se han estado calladitos ocho años porque el socialismo (por lo visto, corrupto por pecado original) les ha venido tapando la boca con el dinero de todos. Aunque ese dinero sea una insignificancia comparada con otras subvenciones a entidades de orden, como la Iglesia Católica, que multiplica casi cuatrocientas veces ese dinero, o las concedidas a los medios de comunicación privados, que reciben veintitrés veces esa cantidad, y desde donde injurian esos mismos comentaristas que piden el voto para la derecha.

Los sindicatos comenzaron sus protestas cuando Zapatero emprendió reformas contra derechos laborales en el 2010. No antes. Naturalmente. Pero, a partir de entonces, no se les puede acusar de blandos. No está de más recordar algunas fechas.

Fue el periódico EL PAÍS quien desveló, en su edición del 29 de enero del 2010, el documento que estudió el Consejo de Ministros para proponer retrasar la jubilación a los 67 años. Sólo seis días después, el 4 de febrero, los sindicatos UGT y CCOO anunciaban las manifestaciones que tuvieron lugar la semana del 22 al 26 de ese mismo mes en diferentes capitales de provincia contra la reforma de las pensiones.


Al día siguiente, 13 de mayo, de que Zapatero anunciara el recorte de salarios de los funcionarios, la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT anunció la convocatoria de una huelga general en el sector público el día 2 de junio, apoyada ese mismo día por Comisiones Obreras; comenzando las movilizaciones desde el mismo 20 de mayo.


El 16 de junio de ese 2010 se aprobó el Decreto-Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, la reforma laboral de Zapatero. Al día siguiente,15 de junio, los sindicatos CCOO, UGT y CGT convocaron la huelga general para el 29 de septiembre, cuando ya hubiese terminado la convalidación del citado Decreto-Ley, con dos grandes movilizaciones previas: el 30 de junio, en todas las autonomías, y el 9 de septiembre, en Madrid.


Son datos muy concretos que desmontan esa supuesta connivencia de los sindicatos de clase con el gobierno de Zapatero. Pero bastaba con recordar que los sindicatos de izquierda ya le habían realizado cuatro huelgas generales a los anteriores gobiernos socialistas de Felipe González, el 20 de junio de 1985 (contra la reforma de las pensiones), el 14 de diciembre de 1988 (contra la reforma laboral), el 28 de mayo de 1992 (contra la reforma del subsidio de desempleo) y el 27 de enero de 1994 (contra la reforma laboral). A los gobiernos de Aznar, dos, las de 20 de junio de 2002 (contra la reforma de la protección del desempleo, declarado inconstitucional en el 2007 por el Tribunal Constitucional) y la de 10 de abril de 2003, (contra la participación de España en la guerra de Iraq). El resumen de cinco huelgas generales a gobiernos socialistas frente a tres a gobiernos conservadores, ya es indicativo de que no se condesciende con nadie a la hora de defender a trabajadoras y trabajadores de las políticas de reducción de sus derechos. Las practique quien sea.

Manuel J. Ruiz Torres



jueves, 29 de marzo de 2012

Comparativa de subvenciones a diversos organismos y actividades

También a mí me parece ESCANDALOSO el (poco) dinero público (ya ven la comparativa quienes claman por ese dispendio) que se da a los Sindicatos. Y, también por eso, iré a la Huelga General de mañana, 29 de Marzo. Porque hay quienes están muy interesados en desprestigiarlos para que desaparezcan los únicos capaces de organizar la defensa de los trabajadores en las empresas. Y sin defensas, no habrá ni cortapisas a los abusos ni derecho a un trabajo digno.

Comparativa de subvenciones a diversos organismos y actividades











(Datos correspondientes al ejercicio presupuestario 2010, salvo el del Fondo de Reestructuración de la Banca, correspondiente al de 2009)

domingo, 11 de marzo de 2012

El cuento de la lechera de la Reforma Laboral

Unas 15.000 personas (diez mil, para el Diario de Cádiz, siete mil para ABC) nos hemos manifestado esta mañana en Cádiz contra una Reforma Laboral que rompe el equilibrio laboral en las empresas convirtiendo, de hecho y de derecho, a los trabajadores en un mero recurso económico de las empresas. Y, como tal, susceptible de optimizarse mediante la reducción de costes, la sobreexplotación de procesos o su sustitución por otros recursos más baratos. Después de unos años de dignidad, la que era degradada "mano de obra" en el franquismo (es decir, reconocida como fuerza animal) retroce aún más en el tiempo para volver a la revolución industrial, al mismo nivel -ahora, civilizadamente, considerándonos como mero activo económico- de materiales y máquinas. Si, en aquel lejano principio del XIX, los empresarios presentaban la escasa productividad humana frente a la capacidad tecnológica de las máquinas como causa del subdesarrollo, ahora los mismos presentan los costes sociales (todavía un desproporcionadísimo reparto de los beneficios que obtienen de nuestro trabajo) como la causa del desempleo. Si entonces había que sustituir personas por máquinas para ganar más, ahora hay que reducir salarios sociales para ganar más. Y, a partir de ahí, reescriben el cuento de la lechera.


Ya lo conocen. Iba un orondo empresario con su cántaro de balance contable a la cabeza, dubitativo. Contrapesando lo que produce con lo que gasta, concepto donde engloba por igual la inversión de fondos propios (excluyendo aquí, por complejo, el análisis del origen legítimo de esos mismos fondos), las cargas fiscales (excesivas siempre para quien carece de instinto social), los gastos de tramitación y de particular aceleración de expedientes (dejémoslo ahí, mientras el juez resuelve la legalidad de las cintas grabadas), los de salarios y demás mojigangas laborales, los de transporte del producto y los de la inevitable publicidad del mismo. Para ganar más, pensaba, cambiaré mi cántaro de balance contable por una cesta de huevos de estrategias de mercado.


De esos huevos de estrategia nacerán gallos belicosos que se peleen por mí en los reñideros de la política y tecnócratas gallinas financieras que me elaboren un plan de viabilidad económica de la empresa, soñaba el orondo. Ese plan me subvencionará con fondos públicos para que no ponga en jaque el capital propio, me buscará 99 socios mariachis para convertir mi empresa en una SICAV y tributar sólo el 1 %, pero no tocará lo de los detallitos sin importancia para no ganarme enemigos. Y, con lo que gane, podré comparme un desprejuiciado cerdito de recursos humanos que me modernice la empresa.


Como alimentaré adulando convenientemente a ese cerdito, fantaseaba el patrono, se pondrá muy gordo y creativo. Organizará las tareas de cada empleado, cuantitativa (es decir, en horas) y cualitativamente (es decir, en funciones). De acuerdo con esas necesidades, se concentrarán horas y funciones en quienes mejor se identifiquen con la dirección de la empresa. Esa primera poda permitirá prescindir de quienes sobren, además de sanear la empresa de bolcheviques. Al mismo tiempo, para no perderlo, que el tiempo es oro, se externalizarán las funciones que lo permitan, dejandolas en manos de empresas de trabajo temporal para que se hagan en el tiempo mínimo imprescindible por gente que les va el empleo en no rechistarles. En la siguiente fase, el cerdito les exigirá más productividad a quienes tuvieron la suerte de quedarse. Como la empresa producirá más, ya no harán falta tanta gente produciendo. Y se irán a la calle otra somanta de excedentes. Y al cerdito, que ya habrá realizado su función, lo sacrificaré y, con lo que saque de venderlo, me compraré una ternerita europea que crecerá desarrollando su propio programa de estabilidad económica.


La ternerita reformará la política fiscal, poniendo más enfasis en la deuda pública, corregirá los desequilibrios macroeconómicos (es decir, todo lo que es más grande que la economía de la miseria) y abordará una ambiciosa agenda de profundas reformas estructurales. La ternerita, de natural, se alimentará sola segándole la hierba a los pies de los sindicatos. Y crecerá, lustrosa, reduciendo el gasto social para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo; endureciendo el acceso a la jubilación, para corregir a un país que, perdido el patriotismo de reproducirse más, ha vivido por encima de sus posibilidades; apoyando al sector financiero con el solidario bolsillo de la nación entera; y, en fin, reformando el mercado de trabajo para corregir estos dos siglos de regulación de horarios, vacaciones pagadas excesivas, poca laboriosidad y absentismo laboral por unos grados de fiebre, mientras las empresas que hacen país se desangran ante la competencia de países que no son tan tequismiquis con eso de la seguridad en los trabajos. Y esa ternerita se convertirá en vaca y me dará litros y litros de balances contables saneados.

Sólo que el ambicioso patroncito se dio de bruces con la protesta organizada y se le derramó el cántaro Calesas abajo. Y se le descuadraron los saldos, las entradas, las salidas. Y, desde entonces, todo el mundo está como alerta. Y ya se piensan prohibir acabar los cuentos con el colorín, colorado, porque el humorista que ahora trabaja de ministro de Educación, Cultura y Deporte ha advertido que no piensa tolerar un mensaje subliminal tan subversivo.

lunes, 5 de marzo de 2012

Celebración del Día de las Mujeres en el Centro Social Seco (Puente de Vallecas)

Asistimos a la celebración del 8 de marzo Día de las Mujeres, organizada por el grupo de trabajo de  Géneros, Feminismo e Identidades Diversas Antipatriarcales de la Asamblea Popular Puente de Vallecas del 15M . Fue una importante Jornada festivo reivindicativa realizada en el Centro Social autogestionado Seco, calle Arregui y Aruej, núm. 29, en Puente de Vallecas (Madrid).


En un ambiente festivo, entre cervezas y espléndidos pinchos fríos (tortillas, empanadas de pisto o de cebolla confitada y queso de cabra, humus), con un programa que incluía exposiciones, música pinchada, recitales o cortas representaciones teatrales, se dio un repaso a la actual situación de las mujeres en el Estado español. Como bien decía una amiga, el machismo es un ser vivo que se adapta a las circunstancias. Y, así, pasa del más brutal exhibicionismo al camuflaje más sutil, incluso bajo el disfraz de ideologías en su origen progresistas. Los micromachismos también tuvieron su lugar de denuncia para desenmascararlos.
 

 Intervino la cantautora María del Rocío, que firma sus trabajos como Mil i María. Cantó temas propios, compuestos en español y portugués brasileño, de su último disco "Nadie es nadie". (Aquí interpretando NYC). Intercalando cada tema con pequeños monólogos, pues no en vano compagina su trabajo musical con el teatro, como el realizado en la obra ‘La piel del agua", de la compañía Teatro en el Aire, de teatro sensorial y con montajes propios.


Con un fondo permanente de espléndida música pinchada, se proyectó un montaje audiovisual que repasaba distintas actividades realizadas en, o desde, Puente de Vallecas. Como la presencia en la Comisión de Feminismos de la Acampada Sol, o una interesantísima acción de intercambio de vestuario entre mujeres y hombres.  


 Dos compañeras del grupo Territorio Doméstico, un colectivo de lucha de mujeres migrantes, autóctonas, feministas y precarias, según se definen en su propio Manifiesto de Territorio Doméstico, realizaron una representación de una injusticia bastante real, la de la explotación de las mujeres inmigrantes en el servicio doméstico, incluso por otras mujeres. Sin perder el humor estuvieron especialmente punzantes e ingeniosas en su denuncia.


 Mientras se sucedían estas actuaciones se podía recorrer las dos exposiciones colgadas en la sala. Una de fotografías de Ela Rabasco Redondo, que firma como Ela r que r. Fotos de mujeres muy distintas, en situaciones distintas, pero en la misma acción de leer. Sencillo, hermoso y directo mensaje.

En la otra pared, colgaban ilustraciones de Clara Luna, con motivos de la llamada literatura infantil pero donde sus personajes adquieren actitudes de empoderamiento, reivindicando una identidad no sumisa, como ese fantástico dibujo de una Caperucita y su abuela apedreando al leñador y al lobo, partícipes de una misma agresión.  También ilustraciones de Su, con dibujos también desde el mundo infantil, de colores potentes y oníricos.
  

Terminó las actuaciones la actriz Marga Doblas, que escenificó un divertidísimo monólogo sobre los inconvenientes de que se te aparezca una virgen que llora lágrimas milagrosas en un piso de Vallecas. O de como hacer el bien a los demás puede convertirse en hacerle la puñeta.

Mucha fuerza la que transmiten las compañeras de Puente de Vallecas.

martes, 28 de febrero de 2012

EL EMBUDO DE LA REFORMA LABORAL

Mariano Rajoy debe ser el único presidente de Gobierno del mundo que se ha autoconvocado una huelga general. Ya antes de que se publicara en el BOE el contenido de la reforma laboral, declaraba que la misma iba a costarle esa protesta total, que es una forma nada sutil, ante el electorado que lo aúpa y ante los poderes reales que lo mantienen, de transmitir firmeza y de intentar esparcir y desvanecer como previsibles –es decir, dogmáticas- las reacciones de protesta que se produzcan. Ya he oído –en la calle, en las televisiones- acusaciones de que ese rechazo se produce antes de conocer el contenido de la propia reforma. Así que la desactivación funciona. Si los populares ya consiguieron una beatificación por mayoría absoluta, como una cuestión de fe ciega, sin concretar ninguna medida, no ha de extrañar que ahora intenten también una solución del paro poco menos que medieval. No siempre hace falta leer la letra pequeña para saber cuando el contrato que nos ofrecen, con un lo tomas o lo dejas, es una estafa. Pero sí creo saludable detenerse en cómo redactan las normas quienes decidieron que éramos un pueblo más de mandarnos que de gobernarnos.


En esencia, la reforma del mercado de trabajo sólo reforma la parte contratada, es decir a quienes hacen los trabajos, sin que contenga ni una sola obligación para quien contrata. Aunque dice que la reforma hace una apuesta por el equilibrio (palabra que se repite hasta tres veces en las tres primeras páginas), al quitar una de las patas de la mesa de negociación, esa mesa se descompensa y pierde estabilidad. De hecho, queda a la santa voluntad del empresario el dejar de sostenerla y dejarla caer cuando más intereses le produzca. El tortuoso mecanismo con el que intentan explicar que abaratar el despido implica creación de empleo, tiene –de nuevo- más que ver con la fe y otras virtudes teologales que con las matemáticas. No ha de hacerse, nos dicen, el balance en el momento en que se echa a la calle a alguien, en que ciertamente es un sumando más al paro, sino en ese idílico momento zen del futuro –incierto, inconcreto y graciable, por supuesto- en que ese mismo bondadoso empresario decide que ya ganó tanto reduciendo personal que ahora podría ganar más aumentándolo. Como ese momento futuro de generosidad –aún interesada- sólo dependería de un aumento de beneficios, el menor coste exige también mayor productividad de quienes el empresario elija, graciosamente, para seguir trabajando para él. Porque no sólo se pierden trabajadores sino que, los que quedan, deben trabajar más, no a cambio de mayor salario sino de menos. Por el beneficio del empresario, que la misma norma legal de la reforma identifica, errónea y repetidamente, con la propia empresa. Como si el capital, por sí solo, fuera capaz de producir algo si no hubiera quien lo trabaje.


El planteamiento no deja de ser infantil, o si se quiere un retroceso a los primeros años del liberalismo salvaje y sin cortapisas, cuando aún la economía de mercado apenas gateaba por los suelos y no entraba a discutir contraprestaciones sociales como parte misma del salario. Un tiempo sin horarios, ni vacaciones, ni prestaciones sociales por enfermedad. Temas donde ya se tantea ahora mismo eso que eufemísticamente llaman “una reordenación normativa”. Porque lo que viene a plantear esta reforma es, nada menos, que eliminar el contrapeso social introducido por la moderadísima Constitución actual al modelo de mercado simple. Desde su misma base: la dignidad de la relación entre las fuerzas productivas. Una relación declarada ya, abiertamente, como desigual.


Por el Decreto-Ley de Reforma Laboral, el empresariado puede adoptar suspensiones de contrato o reducciones temporales de salario o jornada, según su conveniencia, sin necesidad de autorización administrativa. Con esa inseguridad económica nadie podrá hacer una planificación de sus propias necesidades vitales. Tampoco la podrán hacer quienes accedan a un contrato a tiempo parcial, un concepto convertido ahora en subjetivo, desde el momento en que la reforma autoriza las horas extras en estos contratos. Con esta baza, el tiempo de quienes trabajen en esas empresas quedará a disposición del capricho o del beneficio del empleador. También se da prioridad al convenio de empresa frente al colectivo, con lo que el empresario impondrá de hecho sus condiciones, sin que una negociación colectiva sectorial proteja a trabajadores y trabajadoras de pequeñas empresas de la intemperie de la coacción directa de sus empleadores. Ya conozco un caso en hostelería donde el dueño de un bar “propuso” a sus empleados elegir entre renunciar todos a la paga extra navideña o el despido de uno de ellos, elegido al azar. Renunciaron a la extra.


No hace falta ya tampoco autorización administrativa ni se exige ya acuerdo con los representantes para los despidos colectivos. Se abaratan los despidos. El despido improcedente baja de 45 días de salario por año de servicio con un máximo de 42 mensualidades hasta los 33 días con un tope de 24 mensualidades. Se eliminan los salarios de tramitación de despidos improcedentes, por el tiempo que dure el juicio, salvo que el empresario decida la readmisión o se declare nulo. Se generaliza un despido barato, no sólo por pérdidas sino también por disminución de ingresos o ventas en 9 meses, aún obteniendo beneficios, de 20 días por año y un tope de un año de salario. Tras estas cifras frías, hay que reconocernos en personas que no sólo van a seguir yéndose al paro sino que lo harán con decenas de miles de euros menos de la indemnización que les correspondía. Con un salario bruto anual de 20.000 euros, a quien hubiera trabajado 10 años, la reforma laboral popular le quita 13.694 euros; a quien trabajó 20 años, 29.302 euros; a quien trabajó 30 años, 50.000 euros. Es un robo de derechos económicos y sociales adquiridos. Como especialmente grave es incluir las faltas de asistencia de 9 días intermitentes en 2 meses seguidos, incluso tan justificadas como enfermedades cortas certificadas por el médico de cabecera, en ese despido barato. Un hachazo directo a la protección pública de la salud de quienes trabajan.


Se privatiza, parcialmente, el Servicio Público de Empleo, cediendo funciones de agencias de colocación a las Empresas de Trabajo Temporal, las ETT, conocidas por su voracidad. Y que suponen que, en una misma empresa y desempeñando las mismas funciones, trabajadores y trabajadoras cobran menos de la mitad que el resto del personal vinculado directamente a la empresa, que no tiene que ceder esa parte de su salario a estos intermediarios de la subasta a la baja. La reforma no sólo acota estos excesos sino que las premia con nuevos campos de explotación.

Este planteamiento burdo, desequilibrado y abusivo se vende como la única solución a una hipotética creación de empleo futuro. Ni siquiera garantiza ese empleo sino sólo su posibilidad en tiempos de venidera bonanza. Para encomendarse a una utopía, prefiero que sea el Estado quien financie directamente la creación de cooperativas sociales o el que cree sus propias empresas y emplee con dignidad.